La Ley del Cine se congela otra vez tras el adelanto electoral de Sánchez al 29 de noviembre

La convocatoria de elecciones generales anticipadas ha vuelto a dejar en suspenso una de las normativas más esperadas por la industria audiovisual española: la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al domingo 29 de noviembre implica, de facto, la paralización de decenas de proyectos legislativos que se encontraban en pleno proceso de tramitación parlamentaria.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 6 de octubre el Real Decreto de disolución de las Cortes, un paso que certifica el fin anticipado de la legislatura. Entre las normas que quedan congeladas figura, de nuevo, el proyecto de Ley del Cine, que tenía previsto celebrar una nueva ponencia en el Congreso de los Diputados para avanzar en su trámite de urgencia.

La situación resulta especialmente llamativa porque no es la primera vez que esta ley se queda a medio camino. El adelanto electoral de mayo de 2023, que dio inicio a la legislatura que ahora termina de forma abrupta, ya provocó la paralización de más de 60 leyes en tramitación, entre ellas esta misma norma audiovisual, que también se tramitaba por el procedimiento de urgencia.

Un sector que llevaba meses reclamando certezas

La reiterada paralización deja al sector audiovisual en una posición incómoda. Para muchos profesionales, la nueva interrupción supone alargar aún más la incertidumbre sobre un marco normativo que consideran imprescindible actualizar cuanto antes.

Apenas unos días antes del anuncio del adelanto electoral, las principales federaciones y asociaciones de productoras independientes, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras (P.A.P.), celebraron su IV Encuentro Estatal en el marco del 31º Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF). Allí volvieron a expresar su preocupación por que la futura ley incorporase de manera efectiva las aportaciones del sector y respondiese a las necesidades reales de las empresas independientes.

Para la P.A.P., la definición de empresa productora independiente era una cuestión central e irrenunciable en el texto. Según defendían, de esa definición dependía que la norma garantizase una independencia efectiva, preservase la capacidad de decisión de estas empresas sobre sus proyectos y reconociese su función creativa, cultural e industrial. La plataforma, que representa a más del 90% de la producción independiente española, está integrada por más de 750 empresas agrupadas en entidades como AECINE, DIBOOS, PIAF+MAPA, PROA y PROFILM.

Una carta conjunta al Ministerio de Cultura

El malestar del sector no era nuevo. En junio, las asociaciones representativas de producción, distribución, exhibición, dirección y televisión remitieron una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, solicitando más tiempo e información detallada sobre las modificaciones introducidas en el proyecto de ley.

En ese escrito, los firmantes celebraban la reactivación del proceso legislativo y reiteraban su disposición a colaborar en la construcción de un marco normativo sólido y respaldado por toda la industria. También pedían un margen temporal más amplio y datos adicionales que les permitieran analizar con rigor una norma que consideraban trascendental para el futuro del sector.

Entre las entidades firmantes de la carta a Urtasun se encontraban AECINE, AEVOD, ACCIÓN, DIBOOS, FECE, NAECE, PATE, PIAF/MAPA, PROA, PROFILM, PROXIMA CINE y UTECA.

El recorrido parlamentario truncado

El proyecto de ley había superado hitos relevantes en los meses previos. El 18 de junio, el Pleno del Congreso rechazó, por 172 votos a favor y 175 en contra, las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los grupos Popular y Vox. Tras ese debate, la Cámara aprobó la avocación a Pleno de la iniciativa y el texto continuó su tramitación en ponencia y comisión para debatir el articulado y las enmiendas presentadas.

Concluida esa fase en el Congreso, el texto se remitió al Senado para seguir su trámite parlamentario, un paso que ya no llegará a completarse en esta legislatura. El propio ministro Urtasun había insistido en mayo en que la aprobación de la ley seguía siendo un objetivo prioritario para su departamento. “Seguimos trabajando para sacarla adelante. No tenemos ninguna razón para desistir de esta aprobación”, declaró entonces, defendiendo que la actualización del marco normativo audiovisual resultaba imprescindible.

Esa misma voluntad se reiteró el 23 de junio, con motivo del nombramiento de Marta Serrano como nueva directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). En ese momento, Cultura volvió a señalar la aprobación definitiva de la ley, paralizada cuatro años antes, como uno de los principales retos pendientes del instituto.

Otra norma clave también queda paralizada

La Ley del Cine no es la única afectada por el fin anticipado de la legislatura. También decae la tramitación de otra normativa relevante para el sector: la regulación de la Inteligencia Artificial en el ámbito cultural, que igualmente se encontraba en proceso parlamentario.

Con las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre, el futuro de ambas iniciativas queda condicionado al resultado electoral y a la composición del próximo Gobierno, que deberá decidir si retoma estos textos desde cero o con base en lo ya trabajado durante la legislatura actual.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual?

Es un proyecto normativo destinado a actualizar el marco legal que regula la producción, distribución y exhibición audiovisual en España, adaptándolo a las nuevas realidades del sector.

¿Por qué se paraliza de nuevo esta ley?

Porque el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, anunciado por Pedro Sánchez, implica la disolución de las Cortes y, con ella, la interrupción de todas las leyes que aún estaban en trámite parlamentario, incluida esta.

¿Es la primera vez que esta ley queda paralizada?

No. Ya ocurrió en mayo de 2023, cuando otro adelanto electoral dejó sin aprobar más de 60 leyes en tramitación, entre ellas este mismo proyecto audiovisual.

¿Qué fase de tramitación había alcanzado el proyecto?

Había superado el debate de las enmiendas a la totalidad en el Congreso y se encontraba en fase de ponencia y comisión, previo a su paso por el Senado, trámite que finalmente no se completará en esta legislatura.

¿Qué pedía el sector audiovisual sobre esta ley?

Las asociaciones de productoras reclamaban una definición clara de empresa productora independiente, más tiempo para analizar las modificaciones del texto y mayor diálogo con el Ministerio de Cultura.

¿Qué otra normativa queda también paralizada?

La regulación específica sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito cultural, que se tramitaba en paralelo y también decae con el fin anticipado de la legislatura.

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